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- En comunidades rurales, la movilidad no debe ser vista como un lujo sino como un derecho que garantice el acceso a servicios de salud, educación, seguridad y bienestar, especialmente para adultos mayores y grupos vulnerables.
- La reforma plantea que los ayuntamientos fomenten accesibilidad y seguridad personal para personas en situación de vulnerabilidad en sus traslados dentro de comunidades rurales.
- Se debe establecer prioridades claras en políticas públicas que garanticen soluciones de movilidad rural como rutas de transporte eficientes, infraestructura adecuada y apoyos institucionales.
- El enfoque de movilidad no puede limitarse a lo urbano; debe contemplar a las zonas rurales, donde los retos geográficos son grandes, pero no deben ser impedimento para actuar con voluntad política.
- La iniciativa establece que los municipios deben considerar el desarrollo rural en la formulación y evaluación de sus políticas de movilidad, ampliando el alcance de la ley para responder a realidades diversas y rezagos históricos.
